Este martes, la Corte Suprema de Justicia avalaría el reclamo de la Ciudad de Buenos Aires para continuar la modalidad de clases presenciales, pese al DNU del Poder Ejecutivo que las suspende.

De acuerdo a fuentes judiciales, Elena Highton no votaría mientras que fallarían a favor del GCBA Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti aunque fundamentalmente el fallo fijará criterios a los gobiernos de la Nación y de la Ciudad sobre sus facultades en una pandemia y la necesidad de acortar las decisiones en un momentos de tanta gravedad sin que sean judicializados.

 

La presentación de la administración Larreta fue realizada el pasado 16 de abril tras los anuncios de mayores restricciones en el AMBA dictadas por la Casa Rosada. Para el GCBA, es necesario que se le ordene al Estado Nacional que “se abstenga, hasta el dictado de la sentencia definitiva y firme, de llevar a cabo cualquier acto que implique poner en ejecución el Decreto cuestionado”.

Luego, el 19 de abril, la Corte se declaró competente para intervenir en el caso, en línea con el primer dictamen de la Procuración General de la Nación en esta causa. En un segundo dictamen, la Procuración afirmó que el decreto es inconstitucional.

De hecho Casal señaló en su escrito ante el máximo tribunal que el DNU presidencial no cuenta con los fundamentos para avanzar en un tema como la educación, donde la Ciudad cuenta con la autonomía suficiente para decidir.

Sostuvo que «los argumentos expuestos en la norma impugnada no alcanzan para fundar un estado de necesidad que permita legitimar la suspensión de la concurrencia a los establecimientos educativos en todos sus niveles», en su presentación de 49 páginas. En la misma línea, señaló que «atribuye ilegitimidad y lesión al régimen de autonomía de la Ciudad».

Por otro lado, indicó que «representa una conducta explícita de la demandada, con entidad suficiente para sumir a la peticionante en un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance y modalidad de una relación jurídica».

Un pasaje curioso en la presentación que Casal hace al máximo tribunal tiene que ver con la visión que el procurador da sobre la situación epidemiológica. Sobre esto sostiene que «no ha sido debidamente acreditado que el dictado de clases presenciales haya sido la causa del agravamiento de la situación sanitaria a la que aludió el decreto impugnado».

«En cuyos considerandos se efectúan afirmaciones genéricas acerca de la necesidad de reducir la circulación de personas y el uso del transporte público, sin precisar adecuadamente la supuesta relación directa e inmediata entre las actividades de educación presencial y el crecimiento exponencial de casos en la región», considera el funcionario judicial.